DISCURSO PRONUNCIADO EN LA TOMA DE PROTESTA COMO MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

 

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA TOMA DE PROTESTA COMO MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

01 de abril del 2019

Secretaría de Gobernación

Hoy rindo formal protesta como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 128 de la Constitución General de la República; mañana asumiré el cargo ante el pleno del Tribunal, conforme al nombramiento que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, expide  acorde a las facultades que la misma suprema Ley le confiere en su artículo 89 fracción II, y con estos actos formales, comenzaremos una nueva etapa entre el Tribunal y los trabajadores al servicio de los poderes del Estado en las controversias individuales, colectivas e intersindicales existentes y por venir.

Afirmo señores Magistrados que integran el pleno del Tribunal, de una nueva etapa porque la sociedad reclama diferencia, el presidente de la república en la potestad que la constitución le da como jefe del Estado Mexicano, y en una de los aspectos más democráticos del poder público que es la autoridad, recurre no a la fuerza legal si no a la razón que le da el mandato, para convocar a la 4ª. transformación nacional.  Es un deber que atendamos a esta convocatoria, porque la transformación no es un acto de gobierno si no una legítima potestad de estado, y como tal, motiva a todos los órganos del Estado Mexicano.

La transformación es una necesidad impuesta por el pueblo de México, y pasa por diversas reformas a nuestro sistema de justicia. Por ello la reforma laboral recientemente promulgada, es acorde a la realidad del mundo: modifica el concepto del derecho del trabajo y al trabajo, sin dejar de ser el despliegue de la energía creadora de las mujeres y los hombres que conocemos como trabajo el valor sustantivo en la generación de la riqueza social, sea el patrón: un particular o un ente del gobierno.

Podemos separar los conceptos de trabajador dependiendo de a quien se le entrega el producto del trabajo, si a un particular o al gobierno. En el primer caso, el trabajo es para generar riqueza privada que en la suma hacen en parte la riqueza nacional; en el segundo, el trabajador del servicio público hace con su fuerza de trabajo intelectual o física que el Estado recaude, construya, distribuya y preste servicios públicos para la seguridad, la producción, la alimentación, la educación, la salud y la justicia.

Ahí la importancia de los trabajadores reconocidos por la Constitución como servidores públicos, ellos desempeñaran mejor sus tareas si este Tribunal en caso de controversias o acreditaciones da certeza jurídica plena al trabajador.

Por estas razones en este Tribunal debe haber un cambio, sin ahora considerar reformas o adiciones legales que no son de nuestra competencia, si no cambiar con la norma jurídica actual y presupuesto asignado.

Si somos garantes de la justicia laboral debemos evitar las injusticias con nuestros compañeros trabajadores, y garantizarles motivación, capacitación y seguridad para un buen y eficiente desempeño en su labor de apoyo a la tarea jurisdiccional.

Los servidores públicos del Tribunal, debemos hacer de nuestro quehacer una mística de servicio con la eficacia, la honestidad y la austeridad republicana como lo ordena el pueblo de México y como nos obliga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Los juzgadores del Tribunal debemos compartir la idea de que la aplicación de la Ley, en su letra encierra un valor, y este valor, se convierte en principios: La imparcialidad, la autonomía, la independencia, la transparencia, la legalidad, la certeza, el profesionalismo y la objetividad.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es el organismo autónomo constituido para hacer la justicia laboral de manera pronta, legal y expedita. Para ello en el compromiso de hacer más con menos, intensificaremos la capacitación administrativa y jurídica para mejores resultados.

Para estar acorde con la descentralización administrativa propuesta por el ejecutivo federal, consideramos ensanchar la cobertura territorial del Tribunal, para que haya atención a las demandas cerca de los trabajadores.

La Constitución y los Tratados suscritos por el Estado Mexicano son ley suprema: su cumplimiento es imperativo. En lo que toca el convenio con la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos humanos del trabajador, es igual de obligatorio el principio de que el derecho al trabajo es un derecho humano, lo que hace predominantemente la garantía al debido proceso.

Al igual el nuevo sindicalismo implica una nueva relación de las organizaciones representativas de los trabajadores con el Estado-patrón, el Tribunal será garante de la democracia y libertad sindical, y de la autenticidad de la representación.

Estas son algunas propuestas para el Tribunal, pero también es propio compartir algunas reflexiones sobre este tiempo, todos reconocemos que la sociedad mexicana en un ininterrumpido proceso ha cambiado y ese cambio lo impone a su orden público, en este universo pareciera que segmentos burocráticos se resisten ante lo inminente, una realidad nueva de lo privado para lo público, el pueblo reclama la diferencia, el presidente de la república a revivido la frase que Justo Sierra pronunció en 1880: “el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia”.

Entendamos esa justicia en el sentido más amplio de lo recto y de lo justo, en lo que nos toca en la justicia legal y en lo particular lo laboral, para que haya justicia debemos interpretar y aplicar en conciencia la ley y el derecho. Revisemos entonces la profunda tradición de los derechos de los trabajadores conquistados por los trabajadores de México a lo largo de más de un siglo, porque el derecho del trabajo y al trabajo no surgió en la academia, de los razonamientos teóricos o de las aulas, ahí se ha reafirmado. El derecho del trabajo y al trabajo Mexicano nació de eso, del hambre y la sed de justicia, de la conciencia de  recios mexicanos, al comenzar el siglo pasado los infatigables luchadores Esteban Baca Calderón y Manuel M. Diéguez organizaron la huelga de Cananea, detonador del reclamo de justicia para el trabajador, que reapareció en el Congreso Constituyente de 1916-1917 en las voces de Múgica, Victoria, Gracidas y Jara para dar legalidad al clamor por la reivindicación del trabajo, lo que dio origen al artículo 123 constitucional, ley sencilla y práctica redactada en un lenguaje llano pero profundamente conceptuoso, inspirada en el sentir y el pensar ante un reclamo popular que recogió magistralmente el constituyente de Querétaro.

Este sentimiento de justicia hecho Ley, es la fuente del derecho del trabajo mexicano, pionero en américa y gran parte del mundo del llamado derecho social.

Hagamos entonces posible el ideal de justicia de los que hicieron el derecho al trabajo y del trabajo en México, así lo demanda la sociedad mexicana, y regresando a los pensadores recordemos al tabasqueño Francisco Bulnes, el contumaz crítico de la historia oficial, quien dijo “cuando el pueblo dice que es de noche, hay que prender las farolas”. El pueblo ya dijo es de noche, escuchemos entonces y prendamos las farolas que alumbren el camino de la libertad y la justicia.